Para los autoconvocados, el Gobierno impulsa una ley persecutoria

El Sitas advierte que no fue consultado sobre reforma de la Carrera Sanitaria y denuncia que el oficialismo propone sanciones discrecionales.

Un empleado del Siprosa podrá ser suspendido hasta por cinco días, sin que medie sumario administrativo previo. Y, sustanciado el sumario, podrá ser suspendido (sueldo incluido) durante el tiempo que dure el proceso administrativo en su contra. Según las autoridades del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud, esto es lo que propone el anteproyecto de Ley de Carrera Sanitaria que el Gobierno elevó a la Legislatura. «Esto equivale a que somos culpables hasta que se demuestre lo contrario», se indignan Adriana Bueno y Julián Nassif, secretarios general y adjunto del Sitas. Por ello, en diálogo con LA GACETA plantearon que este año comienza con un doble frente de conflicto con el Gobierno: las paritarias salariales y la oposición a la norma.

«No permitiremos que intenten condicionar la negociación salarial a cambio de revisar la norma, ni viceversa», advierten.

Contra una ley corta

«El Estado no puede atribuirse la facultad de quitarnos nuestros salarios como una sanción previa a que se determine si efectivamente hubo una falta», cuestiona Nassif.

«Todas estas sanciones, además, están sujetas al solo criterio del presidente del Siprosa. Es decir, van a poder suspendernos por concretar una medida de fuerza o por participar de una protesta. Y la acumulación de suspensiones se encaminará hacia la cesantía», puntualiza Bueno.

El planteo del Sitas contra el anteproyecto enviado a la Cámara por el ministro de Salud, Pablo Yedlin, también tiene dos frentes.

El primero, de índole general, refiere a la actitud del funcionario. «En diciembre, Yedlin hizo un compromiso: nos dijo que quería que superásemos las diferencias y que lleváramos juntos a la comisión de Salud un anteproyecto común. Pero es marzo y la única noticia que tenemos de él es la propuesta unilateral que mandó a la Legislatura», afirman.

Agregan que el proyecto, en general, presenta un vicio que para ellos es insalvable. «Es una norma corta y sintética. Entonces, la verdadera ley no será la que aprueba la Legislatura sino el decreto reglamentario que dictará el Poder Ejecutivo. Queremos una redacción legal exhaustiva y explícita. Pero el articulado que propone el Gobierno no pauta especificaciones y se limita a consignar ‘conforme a la reglamentación’, como en el caso de los concursos», alega Bueno.

El segundo flanco desde el que cuestionan el anteproyecto oficial refiere a las particularidades de la iniciativa. «El Gobierno no permite que sean concursados los cargos para las direcciones. Nuestra propuesta es que haya sólo cuatro cargos no concursables: el del ministro de Salud, el del titular del Siprosa, y el de los subsecretarios Médico y Contable. Es decir, los cargos políticos», apunta Nassif.

Bueno recalca que todos los cargos del sistema deben concursarse para que haya de verdad una carrera sanitaria y quienes ocupen los cargos de conducción sean personas preparadas y que conozcan cómo funciona el sistema, porque se han desempeñado en diferentes áreas. «Pero, sobre todo, porque somos el sistema de salud de la provincia. No somos una oficina que maneja expedientes, sino que debemos cuidar la vida de los tucumanos. En consecuencia, aquí deben estar los más idóneos. Pero si no se garantizan concursos transparentes, con reglas de juego claras e iguales para todos, los centros de asistencia de la salud van a ser la salida laboral de los familiares y los amigos», denuncia.

Nassif agrega que la Ley de Carrera Sanitaria es para todos los agentes de la sanidad, no sólo para los médicos. «Si no hay concursos, los cargos se van a convertir en el bolsón electoral para los amigos del poder. La ley debe decir que los jurados se integrarán, en todos los casos, con miembros de Tucumán, de otras jurisdicciones y, como proponemos nosotros, hasta por un representante sindical, si el concursante lo demanda», detalla.

El asfalto no es salud

«Como si no bastara, han decidido incorporar el concepto de productividad, pero desnaturalizándolo por completo, para convertirlo en un instrumento persecutorio», señala Bueno.

Nassif manifiesta que el concepto de la OMS es que, en salud, productividad significa producir salud. «Eso equivale a hospitales vacíos porque los pacientes son personas bien alimentadas, con viviendas dignas, agua potable, cloacas y calefacción. Pero el Gobierno, que no da precisiones, parece querer convertir este concepto, que debería medir la tarea del Ministerio de Salud, en un parámetro cuantitativo para perseguir médicos y determinar quién atiende más gente, como si no estuviéramos atendiendo personas enfermas sino fabricando tornillos. Entonces, un médico de guardia que atiende cinco resfríados en una hora tendrá mayor productividad que uno que atendió en ese lapso a una persona con un shock séptico y le salvó la vida», contrasta.

«Nuestro ámbito de trabajo es la caja de resonancia de los fracasos de las políticas viales, de los fracasos de las políticas epidemiológicas, de los fracasos de las políticas de infraestructura básica para los tucumanos. Con pavimento y cordón cuneta no se solucionan los problemas de salud de la gente. Pero quieren transferirnos todos esos fracasos a nosotros, que cada vez atendemos más y más gente en los hospitales», concluye Bueno.

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