MENDOZA | La Justicia obligará al Gobierno a concursar los cargos médicos

FUENTE: MENDOZA ONLINE
FECHA: 12/05/2015

El reclamo judicial que hizo el gremio de los profesionales de la salud para que se pusiera en vigencia el régimen de concursos previsto en la Ley 7759 fue avalado por un fallo del Quinto Juzgado Civil.

María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS y vicepresidenta de Fesprosa. (Foto Pachy Reynoso/MDZ)
La Justicia determinó que en un plazo de tres meses el Gobierno mendocino deberá implementar los medios para que las designaciones para los cargos médicos se den por concurso.

AMProS había presentado una demanda para que se cumpliera con lo acordado en el Convenio Colectivo de Trabajo y aprobado por Ley 7759.-

Además, el gremio que representa a los profesionales de la salud de la provincia logró que se diera de baja la ResoluciónN° 3448 del Ministerio de Salud dictada por el ex Ministro Matías Roby, por la cual se llamaba a concursos de manera intempestiva.

La sentencia fue firmada por la Dra.Fabiana Beatriz Munafó, Juez del Quinto Juzgado Civil, quien falló en función del pedido de la entidad gremial en contra del Gobierno de Mendoza.

Resumen de la sentencia:

Expte: 251.114

Fojas: 236

EXPTE N° 251.114 CARATULADO: “ASOCIACIÓN MENDOCINA DE PROFESIONALES DE LA SALUD (A.M.Pro.S.) C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCIÓN AMPARO.

Mendoza, 08 de mayo de 2.015

Y VISTOS. Estos autos arriba intitulados, llamados a dictar sentencia, de los que;

RESULTA

I.- Que a fs. 93/124 se presenta María Isabel Del Pópolo, en nombre y representación de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (A.M.Pro.S.), en su carácter de Secretaria Legal y deduce acción de amparo en contra del Gobierno de la Provincia de Mendoza, (Ministerio de Salud) a fin de que se declare la nulidad absoluta e insanable de la Resolución n° 3448/2.014, dictada por el Ministerio de Salud, con fecha 12 de diciembre de 2.014 y publicada en el Boletín Oficial el 17 de diciembre de 2.014, determinando su inconstitucionalidad y consecuentemente inaplicabilidad, por violar los artículos 1,7,16, 29, 30 y 39 de la Constitución de Mendoza; los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, artículos 1, 16, 26 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 1 aps. 1 y 2, 2.1,3,6,7,8,12,13 aps.4 y 5, 17 ap. 4, 20 ap. 2, 23 ap. 4,24 ap.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales (PIDESC), arts. 2,22 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. 2 ap. 1,7 y 23 ap. 4°, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y arts. 2 ap. 1, 3,20 ap. 2,22, 23, ap. 4, 24 ap. 1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Ley Provincial 7759.

Efectúa luego consideraciones en torno a la legitimación activa y pasiva y competencia del Tribunal para entender en el planteo.

Indica que la acción ha sido interpuesta en término, a partir de la fecha en que tomó conocimiento de la publicación de la Resolución atacada (17/12/2.014).-

Asimismo, solicita se orden al Poder Ejecutivo Provincial remiso, a reglamentar los artículos 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 55, y cc y ss. , 65, 66 de la Ley 7759 y concursar los cargos para cubrir vacantes de asensos de conformidad con lo previsto por ley 7759.-

Expresa A.M.PRO.S. que la Provincia de Mendoza, mediante Ley 6656 establece su adhesión a la Ley 24185 que regla las convenciones colectivas nacionales y que, en el marco del régimen legal descripto, el día 14 de junio de 2.004, se publicó en el Boletín Oficial, la Resolución n° 118-G del Ministro de Gobierno , por el que se invitó a las partes a iniciar la negociación Colectiva de la Administración Pública en el Sector Salud. Tal es así, que AMProS, acordó con el Gobierno un Convenio Colectivo de Trabajo que comprendió a todos los profesionales de la salud, y que este convenio fue homologado por Decreto del P.E. Nº 1630/07 y ratificados ambos por LEY 7759, publicada en el BO 5/10/07.-

Afirma que, la normativa convencional, reconoció a todos los profesionales de la salud, una carrera profesional que cubría todos los aspectos de la realidad profesional lo que implica un verdadero derecho subjetivo, que se incorporó al patrimonio de sus representados, habilitándolos a solicitar el cumplimiento de las mencionadas disposiciones, entre las que se encuentran las específicas del régimen de concursos y ascensos.

Luego transcribe textualmente los artículos 1/63 de la ley.

Puntualiza que la ley (violada por la resolución que ataca) hizo obligatorio el C.C.T. del sector salud, que prevé un sistema completo de trabajo de los profesionales de la salud, en el que se encuentran normas específicas el régimen de concursos y ascensos, previstas en el capítulo V de la ley, tales como el del ingreso, progreso, cesación en el régimen de carrera y de la junta calificadora de méritos (art. 28/63).-

Explica que por Resolución nº 2374/2009, se creó una comisión para la reglamentación de los cuerpos colegiados previstos en la Ley 7759, a saber Comisión Provincial de Reclamos y Disciplina, Jurado de Concursos, Junta Calificadora de Méritos, Comisión Provincial de Capacitación Docencia e Investigación, Junta Laboral, y se formularon grillas de puntaje.

Dice que la Comisión trabajó durante cuatro años en todo lo referente a los cuerpos colegiados, en algunos casos alcanzando resolución. (Comisión Provincial de Reclamos y Disciplina, art. 64; Comisión Provincial de Capacitación Docencia en Investigación, art. 66; Junta Laboral art. 65) y en otras falta la resolución respectiva que los ponga en marcha (Jurado de Concursos, art. 62; Junta Calificadora de Mérito, art. 28).

También se formularon grillas de puntaje, participando las universidades, gremios y personas de la comunidad científica.

Expresa que luego de haber transcurrido varios años de vigencia, se dicta la Resolución n° 3448/2.014, violando de esta manera la Ley 7.759, que regula el procedimiento en la selección de los trabajadores de la salud del sector público, los derechos de los trabajadores, y en consecuencia, afecta el derecho a la carrera, a la igualdad, a tener parámetros de evaluación, a la estabilidad del empleado público, generando un retroceso en los derechos de los ascensos y concursos, ya que el propósito perseguido es otorgar funciones jerárquicas a personas que se designen a dedo, o que los concursos se hagan fuera de la ley, con una grilla que no está aprobada, y designación arbitraria del jurado del concurso.

Afirma que la verdadera intención del Ministro es evitar la realización de concursos que garanticen concurrencia, publicidad, igualdad de oportunidades, transparencia e idoneidad. Aclara que los jurados se realizarán en el mes de enero cuando la mayoría de los postulantes están adheridos al régimen de descanso anual, no se ha hecho pública, evitando la concurrencia y publicidad.

Puntualiza que hay un sistema reglado y obligatorio para cubrir cargos interinos y permanentes por concurso y está previsto en una ley , por lo que los llamados a concurso deben efectivizarse mediante el procedimiento previsto en el capítulo V y VI de la ley 7759; empero se ha dictado una resolución administrativa o ministerial que no se ajusta a la normativa legal ya que no respeta el procedimiento legal, creando un nuevo régimen, ya que deja de lado la modalidad, evaluación e integración de los jurados de los concursos.

Indica que en la resolución atacada se le permite al Director del Nosocomio, elegir el Jurado de concurso, sin pauta general y objetiva y va en contradicción con la formación del jurado del concurso previsto en la Ley . (art. 28)

Sostiene que la ley establece como se evaluarán las funciones jerárquicas (art. 39); en cambio, la resolución atacada las elimina; creando cargos políticos, por fuera del régimen legal previsto en la normativa, sustituyendo el régimen legal y estatutario que establecía parámetros objetivos, por otro régimen librado al arbitrio de las autoridades políticas.

Afirma que la grilla acompañada no es la aprobada por la comisión de estudio que confección una grilla acorde a los parámetros internacionales de evaluación, sino una armada por funcionarios que no tienen capacidad técnica para la confección de la misma.

Indica que la resolución ministerial no se ajusta a lo previsto en la ley en cuanto a que la selección del personal se lleve a cabo con personas realmente calificadas, y legalmente designadas, que integran el jurado de concurso, y se ha previsto una forma de evaluación.

Aduce que la Resolución atacada controvierte en forma ilegítima la participación de la entidad sindical en los Jurados de los concursos.

Manifiesta que la resolución es inconstitucional porque se violan derechos constitucionales y principios fundamentales sentados en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. (…)

RESUELVO

I.- Sobreseer la presente causa, en lo que respecta a la acción de amparo inter-puesta por la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (A.M.Pro.S), con el objeto de que se declare la nulidad absoluta e insanable de la Resolución n° 3448/2.014 dictada por el Ministerio de Salud en fecha 12 de diciembre de 2.014, por las razones expuestas en los considerandos.

II.- Admitir la acción de amparo interpuesta por la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (A.M.Pro.S) en contra del Gobierno de la Provincia de Men-doza, en lo que respecta a la omisión en reglamentar la Ley 7759, y en consecuencia, ordenar al Gobierno de la Provincia de Mendoza para que dentro de un plazo de tres meses, implemente las medidas necesarias y conducentes para la puesta en marcha del sistema de concurso que fuera acordado en el Convenio Colectivo de Trabajo y aprobado por Ley 7759.

III.- Imponer las costas a la demandada por resultar vencida.

COP. REG. NOTIFÍQUESE.

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