SIPROSA, el gremio base de FESPROSA en la provincia, convocó la medida de fuerza en rechazo al ajuste impulsado desde el gobierno nacional y en defensa del régimen de dedicación exclusiva que el gobierno provincial planea eliminar.
Las y los profesionales de la salud de Tierra del Fuego realizaron un paro de 24 horas con alto acatamiento. La medida fue convocada por el Sindicato de Profesionales de la Salud de la provincia (SIPROSA), integrante de FESPROSA, en el marco de un sostenido reclamo por recomposición salarial y en defensa del régimen de dedicación exclusiva.
«Con un alto acatamiento las y los profesionales de la salud fueguinos dijimos no al ajuste y a la pérdida de derechos impulsada desde el gobierno nacional, sostenida por los gobiernos provinciales en contra de la salud pública. Seguimos en estado de alerta y movilización», declaró desde Ushuaia Rubén Darío Zapponi, secretario general de SIPROSA.
El conflicto gira en torno a la intención del gobierno provincial de eliminar el régimen de dedicación exclusiva. Para las y los trabajadores de la salud fueguinos, ese régimen no es un privilegio: es lo que permite que los hospitales públicos cuenten con profesionales disponibles para la atención continua de la población. Su eliminación implicaría que más profesionales deban recurrir al pluriempleo para sostener sus ingresos, con consecuencias directas sobre la calidad de atención y la cobertura de guardias.
Desde FESPROSA se expresó el respaldo a la medida de fuerza y se advirtió que el ajuste sobre las condiciones laborales de los equipos de salud no es un problema gremial aislado, sino una consecuencia directa de las políticas de desfinanciamiento del sistema sanitario público.
El paro en Tierra del Fuego se suma a los conflictos activos en otras provincias. En Santa Cruz, APROSA está en conciliación obligatoria mientras mantienen el reclamo de recomposición salarial, pases a planta y pago de seguros de mala praxis. En La Rioja, APROSLAR convocó el pasado 3 de junio a una jornada de paro en rechazo a un decreto provincial que condiciona el cobro del salario completo a tener la matrícula profesional al día, una medida que el gremio calificó como ilegal e ilegítima.
Los tres conflictos simultáneos en el sur y centro del país muestran un patrón común: el ajuste sobre los salarios y las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud pública se ejecuta tanto desde el gobierno nacional como desde las administraciones provinciales.
