¿Estatización de las obras sociales?

En Latinoamérica sólo el 32% de los trabajadores está formalmente registrado. Es un dato duro que obliga a pensar que el blanqueo progresivo no es la vía mas idónea para universalizar la seguridad social, en particular en sus aspectos relevantes: las prestaciónes de salud y la jubilación.

La presión permanente del capital y la debilidad de nuestras economías genera y reproduce la informalidad laboral. La CTA, que se ha atrevido a la afiliación directa, la incorporación de los desocupados y los precarizados, no puede sino defender una concepción universalista de seguridad social, proponiendo politicas públicas que la hagan posible.

La Argentina derrotó la concepción particularista de previsión social al mantener la opción estatal en los 90 y nacionalizar las AFJP en la primera década de este siglo.

Las prestaciones de salud, en cambio, arrastran casi seis décadas de un triple modelo: hospital público para pobres, autónomos y precarios; obras sociales (fuertemente segmentadas) para el trabajador en blanco; y seguro privado para la capa media y alta con capacidad de pago.

Con la desregulación y el crecimiento del sindicalismo empresarial de la CGT, pre pagas y obras sociales se asociaron y los antes financiadores (dirigentes sindicales) devinieron en propietarios y en su conjunto esos recursos, que llegan al 3% del PBI, financian el complejo medico industrial privado.

La politica oficial de financiar al tesoro con créditos de los organismos públicos, en primer lugar la ANSES, necesita nuevas fuentes ante la caida de los recursos fiscales. Las Obras Sociales sindicales están en la mira.

Sin duda, la administración corrupta de parte de las obras sociales del sindicalismo empresarial, hace pensar a la Presidenta que tomar esos fondos como lo hizo con el RENATRE y pasarlos a la órbita estatal tendría aceptación en buena parte de la población.

Sin embargo, en ausencia de toda definición universalista, sometida en salud a los planes del Banco Mundial que propicia sólo la ampliación de un seguro de pobres, la estatización de los fondos de Obras Sociales no significaría per se un progreso en la construcción de un sistema universal de salud.

Sólo haria que en vez de Moyano, Cavalieri o Barrionuevo sea Manzur el que le pague a los laboratorios de medicamentos y los sanatorios privados.

Es decir que sin políticas públicas que pongan al sistema estatal con presupuesto suficiente como nave insignia del sistema de salud la estatizacion de las obras sociales sólo sería un pasamano sin cambios de fondo.

Dicho esto debemos señalar que las Obras Sociales de la CGT son hoy parte del sistema de unicato sindical. El modelo que otorga a esta burocracia poder omnímodo no resistiría el pluralismo y la democracia a la hora de elegir libremente tanto conducción sindical como de una obra social. Por eso la UIA y la Sociedad Rural lo sostienen.

Es hora, a nuestro juicio, de lanzar un gran debate nacional sobre qué salud queremos y necesitamos todos los argentinos. Ello exige abordar el problema en toda su complejidad, sin ideologismos, partiendo de una realidad compleja pero sin olvidar el horizonte estatégico: hacer que la salud sea un derecho ciudadano garantizado por el Estado.

* Secretario de Salud Laboral de la CTA. Presidente de la Federación de Asociaciones Sindicales de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa)

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