La semana pasada el gobierno nacional volvió a aumentar nuestra deuda externa en 400 millones de dólares tomando un préstamo del Banco Mundial. Es, relativamente, poco dinero para entregar aún más el diseño de las políticas públicas de salud a los tecnócratas del Banco.
Desde 1993 el Banco Mundial viene pregonando reemplazar el derecho universal a la salud integral por planes focales instrumentados a través de un seguro para pobres, seguro que permita a los excluidos salir con un carnet al mercado y comprar prestaciones de la enfermedad con la falsa ilusión de que serán incluidos.
Empezaron con el Plan Nacer que no sirvió para nada. Después de gastar en auditorías y administración buena parte de los recursos, el impacto sobre la mortalidad infantil y materna del Nacer fue nulo. Eso sí, el dinero fue usado tanto para un barrido como para un fregado.
Comprar una lamparita en un centro de salud que el Estado no mantiene, tomar personal precario, repartir premios a fieles y castigar a díscolos o aumentar la caja chica de algunos hospitales como parche para sus presupuestos miserables.
Este nuevo préstamo tiene el confeso objetivo de aumentar la «securitización» de los pobres, ampliando los seguros provinciales. No es que los funcionarios no saben que estos seguros no sirven para nada. Es que la unidad de financiación internacional del Ministerio de Salud de la Nación y el enjambre de consultoras que lo rodean tienen que seguir viviendo.
Bien se decía que donde hay una necesidad hay un derecho. Para el Banco Mundial donde hay una necesidad hay un seguro. El seguro conlleva la exclusión del derecho.
Cerca de cuatrocientos trabajadores, profesionales, académicos, sanitaristas firmaron en estos días una solicitada (aun no publicada) criticando la política de seguro. Lo hicieron elogiando al final del texto a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Sabemos que del 2003 al 2011 no dejó de profundizarse la fragmentación de nuestro sistema sanitario. Quizás los firmantes albergaban la sincera esperanza de un viraje de la presidenta hacia políticas públicas de salud universales e inclusivas.
La firma del préstamo-convenio con el Banco Mundial tiró abajo esas esperanzas. Ahora lo que es seguro es que no hay que resignarse. Desde FeSProSa convocamos a todos los actores del campo sanitario a pelear por la universalidad y la integralidad en nuestro sistema de salud, a apoyar la iniciativa de la ley de financiamiento del sistema público, a exigirle tanto a este gobierno como a todos los candidatos que se termine con la financiación de políticas focales con préstamos internacionales y que se aumente de manera sustancial los presupuestos públicos para garantizar salud gratuita y de calidad para los cuarenta millones de argentinos.
Conflictos silenciados
En estos días medios oficialistas y opositores trabajan conjuntamente en el silenciamiento del conflicto de salud. Sólo se hicieron eco del escándalo de la seguridad en los hospitales porteños porque podían medrar con el enfrentamiento entre Macri y el gobierno nacional. Veamos, por cuatro jueves consecutivos 500 profesionales y técnicos del Garrahan salieron a la calle en reclamo de aumento salarial y una carrera justa. Los profesionales del Hospital de Niños hicieron lo propio el 27 de abril cortando la Avenida Córdoba.
En Tucumán dos marchas blancas con más de 6000 personas organizadas por SITAS-FeSProSa más una carpa en la Plaza Independencia instalada desde hace quince días no merecieron un minuto de aire ni en el Siete ni en TN.
Igual suerte corrieron las multitudinarias marchas y asambleas de SIPROSAPUNE-FeSProSa en Neuquen y los paros masivos de APROSA -FeSProSa en Santa Cruz.
Ni hablar de los conflictos en el conurbano pobre de Buenos Aires. El acto en el Hospital Alende de Budge fue reflejado solo en los medios locales. Todos los medios tenían en su mesa la información precisa y detallada de cada conflicto.
¿Por qué será que el reclamo de la salud pública inquieta tanto a los medios oficialistas como a los presuntamente opositores?
