Cuando se cumple un año del anuncio del presidente Mauricio Macri de encarar la transformación del sistema de salud pública en un régimen basado en el seguro ‑la Cobertura Universal de Salud (CUS)‑ el colectivo de médicos que trabaja en hospitales y centros de salud se planta y lanza la advertencia: «Eso profundizará la inequidad del acceso a la salud», alertó el traumatólogo Jorge Yabkowski, presidente de la Federación de Profesionales de la Salud, que en Santa Fe nuclea al Siprus. Este sindicato organiza hoy a las 9.30, en el Hospital Provincial de Rosario una jornada con especialistas que explicarán las implicancias de este proyecto que quiere implementar el gobierno de Cambiemos.
Lo que se viene está formalizado en el decreto 908/16 del Poder Ejecutivo. Y el colectivo emergente de esa ofensiva, el Movimiento por el Derecho a la Salud, exige que el gobierno de Miguel Lifschitz se niegue a firmar la adhesión a esta reestructuración del sistema público sanitario, tal como el Ministerio de Salud nacional ya consiguió con doce provincias, incluso las vecinas Córdoba, Entre Ríos, Chaco y Santiago del Estero.
Los expositores de esta jornada abierta son el propio Yabkowski, Daniel Godoy (coordinador del Idep‑Salud de ATE), y médico y magíster en Administración Pública, Iván Ase.
La CUS es una reforma propuesta por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el BID y la Fundación Rockefeller, entre otros actores del establishment. Apunta a que el Estado activaría el nuevo sistema desembolsando 8 mil millones de pesos y constituyendo colchón de 30 mil millones de pesos con recursos de las obras sociales sindicales: el Fondo Solidario de Redistribución. Eso será destinado a extender la cobertura paga a la población que hoy acude al hospital público, pero habrá prestaciones de mayor complejidad que no entrarán en la CUS y entonces allí el paciente tendrá que arreglárselas con el mercado privado de la medicina.
La titular de Siprus, María Fernanda Boriotti, explicó: «La CUS propone cambiar la lógica de la salud como derecho humano por el de la cobertura y la prestación, ligada al planteo privado. Mediante la misma, la gente poseería un carnet, siendo parte de un sistema cuyo nombre entusiasma. Pero la estafa radica que en realidad se trata de una suerte de ‘canasta básica de salud’, por la cual sólo algunas patologías elementales podrán ser atendidas sin cargo. Para el resto, habrá que contar con recursos propios para ser atendido y curado. La garantización del derecho dependerá así del bolsillo del ciudadano, no de la política de Estado», resumió.
«No es casual que las grandes aseguradoras festejen este ‘avance’. Se propone enaltecer el concepto asegurador al de derecho. La salud no puede ser un negocio, ni depender de las lógicas empresas privadas que priorizan su margen de ganancias y políticas internas. Observemos si no la propia historia: ¿qué saldo nos dejaron las AFJP y el avance de las ART? La salud en manos privadas no garantiza el acceso a ésta como derecho universal», subrayó la dirigenta.
