PRONUNCIAMIENTO DE REGIONALES DE FESPROSA
En Tucumán, una adolescente de 16 años víctima de violación, fue revictimizada por el sistema de salud, el entramado judicial y el poder político provincial. Dando por tierra con todos los dispositivos legales existentes, que permiten acceder al aborto no punible con la utilización sencilla del Protocolo de Atención a Personas Víctimas de Violencia Sexual y su correspondiente guía técnica, los funcionarios públicos que son responsables directos de su aplicación no sólo miraron para otro lado: además judicializaron lo que no requiere intervención de la justicia e hicieron público lo que debe ser confidencial. Incumplieron también el fallo de la Corte Suprema de la Nación que, en 2012, reguló el acceso a la interrupción del embarazo cuando proviene de una relación no consentida, y ejercieron violencia institucional.
El escándalo de esta secuencia de abusos y malos tratos por parte de Rossana Chahala, la directora de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes de San Miguel de Tucumán, y de los profesionales que se negaron a cumplir con la ley no es el primero y, lamentablemente, tampoco será el último. No todos tienen prensa ni salen a la luz, pero ocurren y son tapados por un conveniente manto de silencio que ya hemos denunciado en otras oportunidades.
El poder político tucumano, lejos de arbitrar los medios para cumplir con la ley, proteger a la adolescente y sancionar a los responsables, puso en marcha un traslado para que la práctica se efectuara en otro territorio, sumando dificultades y dolor a la víctima y a su familia.
El ministro de salud de la nación Juan Manzur, oriundo de la misma provincia, vicegobernador en uso de licencia y ahora diputado electo, guarda silencio. No habla de esta grave situación ni de ninguno de los temas nodales de la salud pública, ni asume la posición rectora que se espera de su alto rango de funcionario. No impulsa la aplicación de protocolos y guías, no propicia un amplio debate nacional sobre el tema ni aboga por un sistema de salud único, universal y gratuito, que ponga a todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan, qué edad tengan o cuál sea su condición socio económica, en igualdad de condiciones en el acceso a la atención sanitaria.
Igualmente repudiable es la situación ocurrida en el Hospital Fernández, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Denunciar policial y judicialmente a quien concurre a atenderse después de haber intentado interrumpir su embarazo constituye una gravísima violación de los derechos humanos.
Las autoridades sanitarias y políticas de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Tucumán y de la Nación mantienen un silencio que de ninguna manera “es salud”. Todo lo contrario.
APROSA-SANTA CRUZ
APROSCA-CATAMARCA
APROSLAR-LA RIOJA
APS-LA MATANZA
APSADES-SALTA
APTASCH-CHACO
APUAP-JUJUY
ASIPROTES-FORMOSA
CICOP-BUENOS AIRES
SIPROSA-TIERRA DEL FUEGO
SIPROSAPUNE-NEUQUÉN
SIPRUS-SANTA FE
SISAP-CHUBUT
SITRASAP-LA PAMPA
UTS-CÓRDOBA
REGIONALES DE FESPROSA
