La protección personal de los trabajadores en el centro de la reunión de FESPROSA con el Ministerio de Salud de la Nación

En el día de ayer se realizó la reunión entre la delegación de FESPROSA, ATE y CTA Autónoma con el Ministerio de Salud de la Nación. Participaron, por FESPROSA, su Presidenta, María Fernanda Boriotti y su Secretario General, Jorge Yabkowski. Por el Ministerio participaron el Viceministro de Salud, Dr. Arnaldo Medina, y el Subsecretario, Alejandro Collia. Luego de manifestar el beneplácito de los trabajadores de la salud por la sanción del Decreto 367/20, instaurando al COVID provisoriamente como enfermedad profesional no listada durante la pandemia, la delegación de FESPROSA manifestó su preocupación por la inclusión de esta resolución en los autoseguros provinciales y, por sobre todo, en la cobertura de los miles de trabajadores de la salud que están siendo contratados en condiciones precarias, sin cobertura de ART, para enfrentar la pandemia. El tema quedó pendiente de tratamiento.

En segundo lugar, se abordó el problema de los equipos de protección personal. Luego de un importante intercambio, donde el Ministerio manifestó que distintas áreas de gobierno estaban abocadas a poner en marcha la producción local de los insumos críticos faltantes, los funcionarios gubernamentales admitieron que aún no están en condiciones de brindar un panorama completo sobre la compra y producción nacional de insumos críticos. Algunas materias primas, como el látex para guantes y el dacron para los hisopos de muestras de COVID-19, muestran serios problemas de aprovisionamiento. Hay tratativas avanzadas pero aun no concretadas con China para la provisión de insumos a través de vuelos transpolares que impidan los embargos. Un primer cargamento para la provincia de Buenos Aires estaría llegando esta semana. Hay, también, tratativas con distintos sectores de la industria textil para la producción de camisolines y barbijos que cuenten con la aprobación técnica del ANMAT. Admitieron los funcionarios que la provisión de mascarillas N95 también encuentra serias dificultades. La delegación sindical reiteró la preocupación de los trabajadores de la salud en todo el país, más cuando ya se registran alrededor de un centenar o más de casos de profesionales y trabajadores de la salud infectados con COVID-19 y los elementos de protección personal son la única barrera, junto con la educación, para que esta cifra no siga creciendo.

Respecto al impuesto a las ganancias, la respuesta fue negativa. El Ejecutivo nacional dijo no estar en condiciones de reformar la ley y que se trataría de un tema parlamentario. Tampoco hubo respuestas ni avances serios en la integración de los trabajadores en los Comités de Crisis en todos los niveles. Respecto de la vacunación antigripal, el Ministerio anunció que había distribuido en las provincias 5 millones 500 mil dosis, la mitad de las 11 millones totales previstas, pero que solo se había vacunado el 10% del total de la población de riesgo. Con respecto a la provisión de reactivos, anunciaron que está prevista una llegada escalonada de medio millón de kits de PCR y también tests rápidos que solo se utilizarán para investigación epidemiológica, entre ellos el testeo de poblaciones de trabajadores de la salud.

Cuando planteamos la posibilidad de acelerar el testeo en los trabajadores de la salud, la respuesta del Ministerio fue que en aquellos lugares que tienen laboratorio propio habilitado, el testeo a los trabajadores está comenzando pero todavía no hay una norma general que permita un avance importante en todo el país y de manera uniforme en esta temática.

Reiteramos, por último, nuestra posición a favor del DNU que permita la utilización sin restricciones de las camas del sector privado en el pico de la pandemia. El gobierno aclaró que el sector privado había solicitado una importante cantidad de subsidios, parte de los cuales les fueron concedidos. Tanto el pago del bono de los trabajadores del sector privado de salud como la eximición de los aportes patronales al sector privado son subsidios que comportan cientos de millones de pesos. Aun así, no hubo acuerdo todavía con el Estado, que estaba dispuesto a pagar por cada cama privada que se utilice para esta admisión centralizada durante la pandemia. Nosotros insistimos en que es un tema que no debe abandonarse y que los Estados nacionales y provinciales deben tener la potestad de administrar la admisión en función de las necesidades, sobretodo, de camas de terapia intensiva.

Por último, se acordó un contacto entre la Comisión de Salud Mental de FESPROSA y el Director Nacional de Salud Mental para instrumentar, en colaboración, los dispositivos de apoyo durante el proceso de la pandemia.

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