El gobierno nacional ha lanzado un paquete de reformas que, de concretarse, tendrán un serio impacto en la vida de los trabajadores activos y jubilados.
La campaña para imponer dichas reformas está acompañada de un bombardeo publicitario que tilda de mafiosa a la lucha sindical y la defensa en los tribunales del trabajo de los derechos laborales. Para deslegitimar el rechazo social la campaña incluye dar voz como únicos opositores a los funcionarios del gobierno anterior con procesos judiciales por corrupción. Otras voces independientes son ignoradas.
Tal como lo expresara la gobernadora Vidal en Olavarría, el objetivo del gobierno es crear zonas de trabajo libres de “la extorsión sindical”, es decir, libres de sindicatos al estilo de los enclaves asiáticos o centroamericanos.
Es por ello que el paquete recrea la ya fracasada teoría del derrame: demos beneficios a los empresarios para que ganen dinero, puedan crear puestos de trabajo y con ello disminuir la pobreza.
Tal fue lo prometido en la década del 90. Se cumplió entonces la primera parte, los beneficios empresariales, pero el derrame nunca llegó.
La reforma laboral incluye una gama de medidas como lo son la rebaja de aportes patronales, la extensión del régimen de pasantías, (trabajo precario juvenil) la disminución del costo indemnizatorio, la limitación de las horas extras y el acortamiento de los plazos para que los trabajadores puedan iniciar una demanda judicial.
El proyecto crea la figura del trabajador independiente “dependiente” que puede a su vez contar como “colaboradores” sin derechos con hasta cuatro trabajadores. Se favorece así la proliferación de minipymes por fuera de la ley madre. Las empresas a su vez dejan de tener responsabilidad solidaria con sus subcontratistas creando un marco de precarización laboral generalizada.
Desaparece en el proyecto la responsabilidad patronal en los despidos. El costo del mismo se financiará con un fondo de aportes mixtos (patronal y trabajador) que será regulado por cada convenio colectivo.
La disminución de los aportes a la seguridad social se verá, presuntamente, compensada por el blanqueo laboral a costo cero que proyecta la reforma. Este blanqueo retroactivo extingue las causas pendientes por falta de aportes empresarios.
Muy unida a este paquete se anuncia una vuelta de tuerca sobre los derechos y la libertad sindical. Si un país sin sindicatos es imposible, dice el ministro de trabajo, al menos que los que haya sean pocos y dóciles ante el poder. El gobierno anuncia que tiene intenciones de llevarse puesto el 14 bis de la Constitución, el convenio 87 de la OIT y los fallos de la corte sobre libertad sindical para volver al unicato absoluto en manos de los jerarcas sindicales-empresarios. Estos, a cambio de entregar derechos, se salvarían de procesos judiciales y seguirían al frente de sus prósperos negocios en la salud privada, administrando, entre otros, los fondos de la CUS.
Con el cambio del cálculo de los ajustes de haberes previsionales el gobierno anuncia ahorros de entre 50 y 100 mil millones de pesos. Las provincias se verán afectadas por la ley de responsabilidad fiscal, los aumentos de las alícuotas para productos regionales, la disminución del impuesto de sellos e ingresos brutos. Serán, junto a los jubilados, los patos de la boda en esta fiesta empresarial.
El 85% de los servicios de salud pública está en manos de las provincias. La consecuencia sobre el salario de los trabajadores y el servicio en si saltan a la vista.
NO HAY EN EL PRESUPUESTO NACIONAL NINGUNA PARTIDA QUE COMPENSE CON FONDOS FEDERALES LA CAIDA DE INGRESOS DESTINADOS A LOS SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS.
Junto a la disminución de las actualizaciones previsionales, las provincias con cajas no transferidas sufrirán la exigencia de la mal llamada armonización previsional, que no es otra cosa que el ajuste a la baja de los haberes jubilatorios y el aumento de la edad para alcanzar el beneficio en línea con lo que marca hoy el ANSES.
En definitiva este paquete de reformas es más ambicioso y profundo que el de los 90.
La FESPROSA sostiene que los trabajadores no pueden quedar atrapados en la antinomia que dice que quien no apoye incondicionalmente al gobierno favorece el regreso del anterior.
Desde nuestra concepción plural y autónoma de partidos y gobiernos bregaremos por la defensa de los derechos laborales históricos, de la libertad sindical y de un sistema público de salud gratuito, integral, universal y de calidad.
15/11: Jornada Nacional de Sensibilización y Difusión sobre la CUS y las Reformas con asambleas en los hospitales y centros de salud de todo el país.
1/12: Marcha No a la CUS. Por el Derecho a la Salud – del Obelisco al Ministerio de Salud de la Nación.
FESPROSA – CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL
9 DE NOVIEMBRE DE 2017
