Jorge Yabkowksi, secretario general de Fesprosa: «No hay salud pública sin República»

Jorge Yabkowski, secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), expuso el día de ayer en la Comisión de Legislación General que trata el DNU 70/23 y la Ley Ómnibus. «¿Tendremos que ponerle velas al Dios Mercado para que arregle este desastre?», ironizó el dirigente gremial.

Jorge Yabkowski – Secretario General de Fesprosa

En su alocución, el secretario general de Fesprosa consideró que tanto el DNU como la Ley Ómnibus que impulsan el oficialismo serán sumamente lesivas para la población en general, y para el acceso al derecho a la salud en particular. “No hay salud pública sin República”, graficó Yabkowski al comienzo de su exposición. Además, se refirió a ambas iniciativas legislativas, sobre las cuales expresó que “constituyen una reforma constitucional de hecho e instalan en la Argentina una autocracia policial, con el objetivo de terminar la tarea de la dictadura genocida”.

Además de enumerar las múltiples dificultades que atraviesa el sistema sanitario nacional desde hace muchos años, el sindicalista rescató la tarea titánica que llevan adelante los trabajadores y trabajadoras de la salud pública, que sólo en 2019 produjo 150 millones de consultas y que durante la pandemia cumplió un rol ejemplar, causando la muerte de 600 trabajadores sanitarios y más de 100 mil contagiados.

En nombre de los 30 mil trabajadoras y trabajadores de la salud agrupados en Fesprosa, el dirigente gremial exigió que se rechace de pleno tanto el DNU 70/23 como la Ley Ómnibus, ya que el congelamiento del presupuesto condena al sistema público de salud a un vaciamiento y a una eventual catástrofe sanitaria. Por último, denunció a las grandes empresas farmacéuticas y las obras sociales, principales beneficiarias de las múltiples desregulaciones que plantean las iniciativas legislativas del oficialismo.


Texto completo de la exposición

Agradezco la oportunidad que nos dan diputadas y diputados para exponer en esta comisión. En primer lugar, quería decir, en nombre de nuestros 30 mil miembros, trabajadores y profesionales de la salud y de todo el campo sanitario, que el Decreto de Necesidad y Urgencia y la Ley Ómnibus conforman un corpus indivisible y reaccionario, profundamente subversivo del conjunto de los valores que cimentaron estos 40 años de democracia.

La liquidación del derecho a huelga, de la protesta social, su criminalización, conforman una reforma constitucional de hecho que instaura en la Argentina una autocracia policial cuyo objetivo es terminar la tarea que comenzara la dictadura genocida. Por eso, pedimos en nombre de todos nuestros miembros y de todo el campo sanitario el rechazo liso, llano e indivisible del DNU y la Ley Ómnibus. Afirmamos, a su vez, que el 24 de enero, junto a nuestra CTA Autónoma, a la CGT y a la CTA de los Trabajadores, estaremos con el paro y la movilización expresando frente a este Congreso los puntos de vista de la mayoría de los trabajadores.

Mi breve exposición sobre aspectos sanitarios solo servirá como argumentación adicional a la necesidad de rechazo del decreto y la ley. En el debate social se instauró como tema principal el aumento de las prepagas, el cual causó un gran desbarajuste en el mercado por su impacto en los sectores medios, usuarios del sistema de seguros privados de salud. Pero tenemos que decir que son solo 5 de los 46 millones de argentinos los que están cubiertos por ese sistema. El 90% de los argentinos no tiene medicina prepaga.

20 millones de argentinos son CPE, Cobertura Pública Exclusiva, y de ellos, el 70% es pobre. Probablemente, con estas nuevas medidas económicas, ese porcentaje haya aumentado sustancialmente. Los argentinos de Cobertura Pública Exclusiva se atienden en 1700 hospitales y 6000 unidades sanitarias. En 2019, este sistema «ineficiente», realizó 150 millones de consultas. Ni hablemos de la pandemia, donde estuvimos a la cabeza, dejando 100.000 infectados y más de 600 muertos.

El DNU no dice absolutamente nada, ni la Ley Ómnibus, de cómo reforzar la red pública de contención frente al aumento de la miseria, la desocupación y la pobreza. Nada de nada. El 80% de la financiación del Sistema Público de Salud está a cargo de las provincias, 65% de los estados provinciales y 15% de los municipios. Con presupuestos congelados, ¿qué será del sistema? ¿Qué será del medio millón de trabajadores del Sistema Público de Salud mal pagos y precarizados? El 20% del presupuesto público lo aporta el Ministerio de Salud de la Nación. Hasta donde conocemos, el ministro de Salud de la Nación no vendrá a este recinto a explicarnos qué pasará con los programas de vacunación, de HIV, de salud reproductiva.

¿Qué pasará con la precarización y los salarios congelados de los trabajadores de salud? ¿Tendremos que ponerle velas al Dios Mercado para que arregle este desastre? ¿Nos sentaremos en la puerta de la Basílica del Pilar a pedirle una limosna a Roemmers y Bagó, que se harán aún más ricos con la desregulación de los precios de los medicamentos? Miren los balances post-pandémicos de las grandes empresas que serán beneficiarias de la desregulación y el descreme. ¿Volveremos en salud mental al chaleco de fuerza, a los manicomios, a la internación compulsiva, al glorioso 1880, como plantea el Presidente?

No tengo más tiempo. En nombre de toda la colectividad sanitaria les pido el rechazo al DNU y la Ley Ómnibus. Si por alguna razón profundamente irracional estas normas pasan, sepan que la resistencia social para defender nuestras conquistas, los derechos a la salud, al trabajo y a una vida democrática, las garantizaremos como lo hicimos durante todas las dictaduras que asolaron a nuestro país en el siglo XX. En las calles. Muchas gracias.

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