El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en conferencia de prensa el retiro del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, y aseguró que la disminución de los ingresos fiscales significará un ajuste en el gasto, tanto para el Estado nacional como para las provincias y los municipios, responsables del 80% del sistema público de salud.
La disminución anunciada por Caputo ya venía sucediendo durante el mes de enero de este año, ya que las llamadas “transferencias no obligatorias” habían alcanzado apenas un volumen del 10% de lo transferido respecto de enero de 2023, en cifras ajustadas por inflación.
La disminución de la actividad económica completa un cuadro en el cual las provincias y los municipios, que administran el 80% del sistema público de salud, (1700 hospitales y 6000 unidades sanitarias), vieron disminuidos sus ingresos de manera vertical, sin ningún tipo de compensación. Como consecuencia de ello, ya se está produciendo un impacto, a través de los déficits de insumos y del ajuste sobre los salarios de las y los trabajadores.
María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), sostuvo que muchas regionales provinciales de la Federación, que salieron junto al pueblo argentino a rechazar el DNU y la Ley Ómnibus el 24 de enero pasado, levantaron en sus plataformas el rechazo al ajuste en las provincias. En Río Negro, la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) rechazó el aumento de 30 mil pesos anunciado por el gobernador Weretilneck y exigió una paritaria que compense la inflación y la devaluación del salario.
Boriotti señaló también el caso de San Luis. El viernes 26 de enero se realizaron asambleas en todos los establecimientos de salud, en reclamo del pago completo del salario para las y los trabajadores. En La Rioja, una provincia convulsionada, la Asociación de Profesionales de la Salud (Aproslar) convocó a paro y movilización el 24 y el 25 de enero, una medida de 48 horas en reclamo de una recomposición de los salarios de la provincia, entre los más bajos del país.
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También en Tucumán, la vicepresidenta de Fesprosa y secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán (Sitas), Adriana Bueno, y el secretario general de Sitas, Julián Nasif, exigieron al gobierno provincial la convocatoria urgente a paritarias. En Santa Fe, el gobierno local ya avisó que no cumplirá el acuerdo paritario 2023 y que va a dar los aumentos en función de la recaudación de la provincia y no de la inflación, lo que motivó el estado de alerta de los y las trabajadoras santafesinas y la realización de asambleas, frente a la pérdida salarial que ya acumula el 60% del poder adquisitivo.
En Chaco, la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (Aptasch) reclamó también la apertura de la negociación colectiva. Alejandro Márquez, secretario de prensa de Fesprosa y presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires-seccional Escobar (Cicop-Escobar), informó que la paritaria en la provincia de Buenos Aires cerró con un aumento anual del 153%, contra una inflación del 211%, lo cual fue rechazado por los gremios. Frente a ello, el gobernador Kicillof cerró la paritaria por decreto.
Boriotti sostuvo que, amén de lograr el rechazo in toto de la Ley Ómnibus y el DNU a través de las movilizaciones que se realizarán en los próximos días, el objetivo de la Federación y de sus regionales es impedir que continúe el brutal deterioro del salario, provocado por la megadevaluación del gobierno de la Libertad de Avanza, con su consiguiente impacto en los precios, sobre todo en la canasta familiar. Además, la dirigente gremial advirtió que, mientras se efectúa un ajuste brutal en los salarios y en la coparticipación no obligatoria a las provincias, hay sectores empresariales que siempre incrementan sus ganancias, como los bancos, las cerealeras o la industria farmacéutica (que aplicó aumentos absolutamente desmesurados en los medicamentos).
Con respecto al Estado nacional, y retomando el reclamo realizado por Fesprosa en las sesiones de las comisiones parlamentarias que analizaron la Ley Ómnibus, la Federación pidió una entrevista con el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, para saber el estado y la evolución de los planes nacionales de vacunación, HIV, SIDA, salud reproductiva y otros, en los que el gobierno nacional juega un papel central en la provisión de los recursos. Sin embargo, el Ministro rechazó por razones de agenda reunirse con la entidad representativa de 30 mil profesionales y trabajadores de la salud de 20 provincias.
“Estamos muy contentos de la masividad que tuvieron las movilizaciones del día 24 en todo el país, y también estamos satisfechos de la participación de la Fesprosa en las mismas”, explicó Boriotti, y agregó que “seguiremos trabajando en unidad de acción para impedir que se consolide este instrumento legal que cierra el Congreso, criminaliza la protesta social, anula el derecho a huelga y promete un ajuste eterno en los bolsillos de los argentinos”. La presidenta de Fesprosa finalizó diciendo que “en ese marco, también seguiremos luchando en cada provincia y en cada municipio para defender el salario y las condiciones de vida de las y los trabajadores de la salud”.