Las detenciones ocurrieron el viernes 27 de enero en la ruta 40, cuando los manifestantes defendían sus derechos a la vida, al agua libre de contaminación, a un ambiente sano y a sus territorios.
El SERPAJ denunció que la represión y detención fue “ordenada de manera ilegal” por el fiscal Landivar, quien “abusando de su poder” les imputó el delito del corte de ruta agravado con la calificación de terroristas.
“Repudiamos enérgicamente la actuación del fiscal y la calificación legal impuesta”, sostuvo el comunicado que lleva la firma de su titular, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
El organismo defensor de los Derechos Humanos exigió a las autoridades municipales, provinciales y federales la inmediata libertad de las personas que se encuentran detenidas, que se revea la imputación del delito, se garantice su seguridad y se respeten sus derechos constitucionales.
Hasta hace pocos días se escuchaban voces diciendo que la Ley Antiterrorista no iba a ser utilizada por este gobierno para reprimir a la movilización social.
La vida demostró lo contrario.
Es claro que el repudio generalizado a esta ley, repudio al que adhirió nuestra Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), no era injustificado.
Es el momento de exigir a los legisladores su derogación lisa y llana.
* Secretario de Salud Laboral de la CTA. Presidente de la Federación de Asociaciones Sindicales de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa)
