La Salud Derecho de los Pueblos y Deber del Estado
Talleres: viernes 30 de octubre | Soberanía Sanitaria y Acceso a los Medicamentos
11.15hs | Producción Pública y Local – Patentes, Propiedad Intelectual
14hs | Desafíos Bioéticos. Bioética en la Investigación – Mercado farmacéutico – Observatorio de Acceso a Medicamentos
Disertantes:
FeSProSA: Noemí Alemany
Red De Medicamentos de Alames Gonzalo Moyano
Grupo Efecto Positivo: Lorena Di Giano. Mariela Bacigalupo, José María Di Bello
Con una importante participación de compañeros y compañeras, se desarrolló un espacio de intercambio y debate en torno a una problemática central para el presente y el futuro de la salud pública en la Argentina: el acceso a los medicamentos, la soberanía sanitaria y las amenazas que representan los nuevos acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual.
La discusión adquiere especial relevancia ante la perspectiva de aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Propiedad Intelectual, cabe recordar que es un requerimiento del Acuerdo de Comercio e Inversión reciproco (ARTI), firmado por Trump y Milei ,en un contexto de profundas transformaciones regresivas impulsadas por el Gobierno Nacional, que avanza en el desmantelamiento de políticas públicas, debilita las capacidades regulatorias del Estado y entrega instrumentos estratégicos de nuestra política sanitaria a los intereses de las grandes corporaciones farmacéuticas.
La anulación de las guías de patentabilidad, la derogación de normas que dieron sustento a la Producción Pública de Medicamentos (PPM) y el debilitamiento de las herramientas de regulación y control no son medidas aisladas. Forman parte de un proyecto político y económico que privilegia la rentabilidad empresarial por encima de las necesidades sanitarias de la población.
Estamos frente a un proceso de subordinación de la política sanitaria a los intereses de la industria farmacéutica transnacional. Una industria que pretende ampliar sus márgenes de rentabilidad mediante la extensión de los derechos de propiedad intelectual, la concentración del conocimiento y el control de los mercados, restringiendo las posibilidades de producción, competencia y acceso a medicamentos a precios justos.
La propiedad intelectual no puede convertirse en un mecanismo de apropiación privada del conocimiento científico, ni en una barrera para el ejercicio del derecho a la salud.
Esta avanzada también interpela profundamente los principios éticos de la investigación científica. La orientación de la investigación, la definición de prioridades terapéuticas y el desarrollo de nuevas tecnologías sanitarias no pueden quedar subordinados a los intereses comerciales de quienes financian y controlan buena parte del mercado farmacéutico mundial.
A esto se suma una estrategia cada vez más extendida de medicalización de la vida: la construcción de nuevas necesidades de consumo, la ampliación de los mercados mediante la transformación de situaciones de la vida cotidiana en problemas médicos y la promoción de respuestas farmacológicas allí donde deberían prevalecer otros abordajes sanitarios y sociales.
No se trata de desconocer los avances de la ciencia y la investigación farmacológica, sino de cuestionar quién define sus prioridades, quién controla sus resultados, quién se apropia de sus beneficios y, fundamentalmente, quién puede acceder a ellos.
La Argentina cuenta con una trayectoria, capacidades científicas, tecnológicas y productivas que deben ser fortalecidas y no destruidas. La producción pública, el uso racional de los medicamentos, la evaluación independiente de tecnologías sanitarias y una política de patentes que resguarde el interés público son componentes indispensables de un sistema de salud soberano.
No podemos aceptar que el conocimiento sea un privilegio, que los medicamentos sean mercancías inaccesibles, ni que la salud de nuestros pueblos quede sometida a las reglas de un mercado concentrado y transnacional.
Desde el Encuentro Nacional de Salud y quienes defendemos la salud pública tenemos la responsabilidad de dar esta discusión, construir consensos y promover acciones colectivas frente a un modelo que amenaza derechos conquistados y compromete la capacidad del país para decidir soberanamente sobre sus políticas sanitarias.
