En entrevista con ACTA, JorgeYabkowski, secretario de Salud Laboral de la CTA, enumera los trabajos pendientes de la Central en relación a la organización de los trabajadores para defender los derechos laborales.
“Obviamente el trabajador tiene derecho al resarcimiento si tiene un problema de salud como consecuencia de sus condiciones de trabajo, pero la clave de la prevención tiene que ser una política de salud y seguridad que elimine los factores de riesgo en los ambientes de trabajo”.
¿Cuáles son las expectativas de la CTA con respecto a la salud laboral?
La expectativa es seguir construyendo una CTA autónoma que realmente tome los grandes problemas que tiene la clase obrera argentina. Uno de ellos es el medio ambiente y la seguridad en el trabajo. Hoy cuando vemos que sólo el 13% de los establecimientos tiene delegados, significa que hay un 87% donde no hay quien proteja, quien se fije si las condiciones cumplen las reglas mínimas internacionales para la producción. Entonces, hacer el encuentro en la UOM de Villa Constitución donde se vivió una crisis política dentro del gremio con la muerte de los 2 compañeros en el alto horno tiene un alto valor simbólico.
Lo que nosotros estamos viendo, es que tanto la CGT como su apéndice, Yasky, han despreciado la salud laboral y lo único que hicieron es captar dinero de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo o de la OIT para hacer cursos o viajes, pero no invirtieron en la formación de los trabajadores para que se conviertan los delegados en verdaderos abogados de sus compañeros y que tengan la capacidad de hacer una lectura del medio ambiente de trabajo y la capacidad de organizarse de manera autónoma para poder dar la batalla por la independencia de clase para mejorar las condiciones, no sólo las salariales.
¿Quiénes están presentes en este encuentro?
Están presentes desde el Ministro de Trabajo de Santa Fe hasta el Intendente de Villa Constitución y especialistas internacionales de la salud laboral. La expectativa es que a partir de la ratificación de los convenios 155 y 187 de la OIT y las normas del Protocolo de Ginebra del 2002 de salud laboral en el trabajo, la Argentina pueda al fin derogar la ley mercantilista de las ART y plantear una legislación que sirva de piso de derechos para el conjunto de los trabajadores y donde la vida y la salud sea realmente apreciada y forme parte de una nueva construcción de la relación capital-trabajo.
¿Cuáles son las críticas al sistema de ART desde la CTA?
Básicamente, es un sistema mercantil. Nosotros no cambiamos salud por dinero. En toda la historia de la clase obrera se cambiaba salud por dinero. El buscador de perlas ganaba buena plata porque estaba cinco minutos sin respirar, pero se moría a los 30 años; como los mineros, muchos oficios donde transitoriamente podían tener un ingreso mayor pero la salud quedaba destruida inmediatamente.
La ART no es eficaz en cuanto a la prevención de los riesgos de trabajo y a la organización de la prevención. La Corte Suprema dijo que deben existir topes indemnizatorios, hay que cambiar esa ley, y no debe haber monetización. Obviamente el trabajador tiene derecho al resarcimiento si tiene un problema de salud como consecuencia de sus condiciones de trabajo, pero la clave de la prevención tiene que ser una política de salud y seguridad que elimine los factores de riesgo en los ambientes de trabajo.
¿Hay una contradicción entre las AFJP y las ART?
Absolutamente. Sucede que las AFJP fueron disueltas a caballo de la crisis financiera internacional porque el capital no garantizaba la jubilación futura, tenían pérdidas terribles, y de alguna manera el gobierno hizo una operación financiera virtuosa al rescatarlas, porque deriva fondos para el Anses, que eventualmente pueden ser utilizados en las políticas jubilatorias actuales.
Las ART son algo mucho más complejo porque el conjunto de la patronal defiende el sistema actual porque transfiere el riesgo y la responsabilidad patronal en las condiciones de medio ambiente a una entidad financiera a cambio de una cuota. El conjunto del capital está con las ART. Ahí está la diferencia de por qué el poder político no la cambia a pesar de la condena de la Corte Suprema.
Desde Villa Constitución, entrevista de Guillermo Posada
