Organizaciones del sector sanitario advirtieron que el Gobierno nacional avanzó nuevamente, durante el mes de diciembre, con una serie de medidas que afectan de manera directa a la estructura y funcionamiento del sistema público de salud.
Según denuncian profesionales y entidades gremiales, las decisiones adoptadas por la gestión de Javier Milei y el Ministerio de Salud profundizan un proceso de desarticulación iniciado a fines de 2024.
El antecedente inmediato incluye recortes en programas de provisión de medicamentos oncológicos, VIH y hepatitis C, el despido de alrededor del 40% del personal de la Dirección Nacional de Vacunación, el cierre de más de 60 direcciones y subsecretarías y la disolución del Instituto Nacional del Cáncer.
En las últimas semanas, el Ministerio avanzó con nuevas medidas que impactan sobre áreas consideradas estratégicas. Entre ellas, se destaca la desarticulación del Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas, creado en 2008 con el objetivo de reducir los tiempos de espera y garantizar el acceso federal y oportuno de niñas y niños a cirugías cardiovasculares.
Según los profesionales desvinculados, el programa fue clave en la reducción de la mortalidad infantil. Actualmente, todo su equipo fue despedido, lo que —advierten— implica un retroceso a la situación previa a su creación.
También se interrumpieron desde mediados de año los subsidios a la Fundación de la Hemofilia, que representaban entre el 80 y el 90% de su financiamiento.
La institución debió despedir a la mayoría de su personal y vender su sede para afrontar indemnizaciones, mientras que los pacientes enfrentan dificultades para acceder a tratamientos y consultas especializadas.
Otra de las decisiones cuestionadas fue la disolución de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, bajo el argumento de “desburocratizar” el Estado. Sus funciones fueron absorbidas por el Ministerio de Salud en un contexto de caída sostenida de las tasas de vacunación y de posicionamientos antivacunas dentro de sectores del oficialismo.
En la misma línea, hace dos semanas se disolvió la Comisión Nacional de Bioética, organismo encargado de supervisar el cumplimiento de protocolos en investigaciones biomédicas. Hasta ahora, estaba integrada por representantes de sociedades científicas y especialistas independientes. Según lo informado, pasará a depender directamente del Ministerio, con una estructura reducida.
Por otro lado, el jefe de Gabinete anunció la privatización de la administración de los hospitales SAMIC en la provincia de Buenos Aires. La medida se da en medio de un conflicto financiero entre Nación y Provincia por deudas vinculadas a fondos previsionales y transferencias del Tesoro Nacional. La propuesta oficial contempla un esquema de gestión privada, un modelo ya aplicado en la década del ’90, que garantizaría un piso mínimo de prestaciones para los sectores de menores ingresos.
Finalmente, las organizaciones denunciaron la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, a la que calificaron como una maniobra para encubrir irregularidades administrativas, con consecuencias directas sobre uno de los sectores más vulnerables de la población.
Ante este escenario, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) anunció que impulsará denuncias a nivel nacional e internacional y convocará, junto a Cabildo Abierto y organizaciones de trabajadores y pacientes, a una movilización conjunta en defensa del derecho constitucional a una salud pública, gratuita y de calidad.
Fuente: Enfoque Sindical
