Editorial
SE PROFUNDIZAN LOS DESPIDOS Y LAS ACCIONES DE AMEDRENTAMIENTO CONTRA LOS TRABAJADORES

La ofensiva patronal contra los trabajadores, avalada e impulsada por el Gobierno Nacional, se ha profundizado en las últimas semanas. Los mecanismos de control y disciplinamiento sobre los trabajadores no se limitan a los despidos, que han tenido lugar tanto en el sector público como en el privado, sino que también incluyen las amenazas generalizadas de despidos, y un creciente uso de la fuerza pública contra dirigentes de organizaciones sindicales y sociales. Esta ofensiva tiene como objetivo principal reducir sustancialmente el costo de la fuerza de trabajo. Para ello, los empleadores necesitan doblegar la resistencia de los trabajadores e impedir que a través de las negociaciones salariales se revierta la caída del salario real. En este sentido, el Gobierno Nacional ya ha explicitado su intención de limitar los incrementos salariales nominales a un rango de inflación futura que, según ha expresado, debería ubicarse en torno al 20% – 25%. Considerar dicho rango de inflación implicaría aceptar un escenario que a esta altura del año ya luce más que improbable.
Las declaraciones públicas de los principales beneficiarios de las medidas económicas del gobierno (principalmente el sector agroexportador) sostienen que la devaluación se habría quedado “corta”, y que sería necesario, más temprano que tarde, volver a efectuar una corrección del tipo de cambio.
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Debilitar la capacidad de resistencia de los trabajadores es una parte central de la estrategia del Gobierno Nacional para llevar adelante su programa económico.
Como puede apreciarse este proceso está lejos de haberse detenido, y alcanza a trabajadores del sector público en sus distintos niveles (nacional, provincial y municipal) y del sector privado en distintas actividades económicas y localidades del país.
Las acciones de amedrentamiento de los empleadores y del gobierno no se limitan a efectivizar miles de cesantías, sino que también incluyen amenazas concretas de reducir las dotaciones de trabajadores y, en casos más limitados, apelan a la violencia física y a la fuerza pública para reprimir y contener la reacción colectiva. Los despidos y las amenazas son parte de una misma dinámica ya que apuntan a atemorizar al conjunto de los trabajadores. Para ello es necesario demostrar que las amenazas pueden hacerse efectivas en cualquier momento. Los despidos son de esta manera ejemplificadores, tanto para los trabajadores directamente afectados como para el resto de sus compañeros.
La amenaza de despido es más efectiva para el empleador ya que su costo es virtualmente nulo. Por otra parte, estas amenazas pocas veces trascienden las fronteras del lugar de trabajo, y permanecen como un mecanismo de coerción permanente en cada establecimiento.
En las últimas semanas es posible identificar al menos dos de estas situaciones: por un lado, la presentación de un procedimiento preventivo de crisis por parte de las principales empresas contratistas de la industria petrolera, medida previa a la aplicación de suspensiones o despidos, que podría afectar directa e indirectamente a entre 5.000 y 10.000 trabajadores; por el otro, el dictado del decreto 254/15 por parte del Gobierno Nacional que habilitó la renovación de miles de contratos en el sector público por el plazo de tres meses (hasta el 31 de marzo), cuya continuidad dependerá de la voluntad del funcionario del área respectiva.
INFORME COMPLETO: http://obderechosocial.org.ar/docs/despidos_2.pdf
