El secretario general adjunto de CICOP, Alejandro Márquez, participó activamente de la Misión Internacional Solidaria de la Internacional de Servicios Públicos (ISP).
La MIS-ECUADOR-2012 estuvo integrada por delegados y delegadas de los sindicatos FESPROSA-CICOP de Argentina, del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal de México y de la Federación de Enfermería de Brasil.A iniciativa de CICOP-FESPROSA la actividad fue aprobada en la reunión regional de sindicatos de salud de la ISP Américas realizada a comienzos de junio en Río de Janeiro.La misión fue financiada en un 100% por los sindicatos participantes.
ACCIONES DE LA MISIÓN
Lunes 30 de julio:
Visita al Hospital de alta complejidad Eugenio Espejo. Nos acompañó en la recorrida por el hospital el flamante presidente del Colegio Médico de Pichincha y coordinador de la red Andina de Sindicatos de la Administración Pública y Estatal, Víctor Manuel Álvarez. Ya fuera del protocolo, recorrimos con Víctor los distintos Servicios y pudimos dialogar con los trabajadores del hospital, donde quedó en evidencia el temor de los profesionales a represalias por el hecho de hablar con los integrantes de la delegación sobre sus condiciones de trabajo.
Visita al Hospital pediátrico Baca Ortiz: no nos fue permitido el ingreso al hospital.
Ministerio de Salud Pública: La delegación se reunió con el director de Talento Humano Andrés Cadena y con el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano del Sistema de Salud (IESS). El funcionario negó todas las denuncias sobre pérdida de libertad sindical, persecución y precarización en el Sector Público de Salud.
Reunión con los compañeros y compañeras de la Confederación de Profesionales de la Salud (Federación Ecuatoriana de Enfermeras, Federación Médica Ecuatoriana, Federación de Obstétricas, Colegio de Odontología de Pichincha, Federación Nacional de Tecnólogos Médicos; también participaron delegados de la Unión Sindical del Sector Público Ecuatoriano y la Federación de Trabajadores Petroleros de Ecuador). La Asamblea se extendió por más de 4 horas, en donde los compañeros y compañeras describieron las duras condiciones de trabajo en salud y se intercambiaron experiencias de organización de la lucha gremial en México, Brasil y Argentina. La jornada dejó como corolario el testimonio de la compañera Ernestina Salomé Ávalos, enfermera del Seguro Social del Hospital Carlos Andrade, quien denunció que a partir del día de la fecha estaba suspendida “temporariamente” sin fechas y sin goce de sueldo por haber denunciado en una entrevista radial que se oponía al aumento intempestivo de la jornada laboral de 6 a 8 horas.
Martes 31 de julio:
Desayuno de trabajo en la Asamblea Nacional (Congreso) con los asambleístas Jorge Escala del Mov. Pop. Democrático, César Montufar de la Concertación Democrática, Clever Jiménez y Gerónimo Yantalema del bloque Pachakutik, Nivea Vélez (independiente).
Rueda de prensa en la Legistlatura. Ante numerosos medios de difusión televisiva, radial y escrita, la Misión Solidaria Internacional denunció el empeoramiento de las condiciones de trabajo en el sector salud, la falta de libertad de prensa en el Ecuador, la pérdida de derechos tanto humanos como laborales y el deterioro de la calidad de atención para los usuarios del Sistema Público de Salud Ecuatoriano
CONCLUSIONES
Los trabajadores de la salud pública ecuatorianos sufren el acoso de una política gubernamental dirigida a debilitar las organizaciones gremiales, que pretende eliminar la sindicalización (la nueva legislación que regula a los profesionales de la salud como servidores públicos sin derechos laborales, en contraposición a los denominados obreros, que si pueden sindicalizarse) negando el descuento de las cuotas sindicales a los afiliados, intimidando y despidiendo a los dirigentes gremiales mediante tendenciosas evaluaciones de desempeño, impidiendo la participación de los gremios en concursos.
El Gobierno de Correa ha implementado reformas legales y administrativas coercitivas de derechos, acompañadas de una intensa campaña de desprestigio a la dirigencia, a las organizaciones y a las conquistas sindicales, calificando al movimiento sindical del sector público como corporativos y en oposición-contradicción con el interés general de la sociedad y los fines del Estado
Eliminación del derecho de sindicalización y negociación colectiva: La Ley Orgánica del Servicio Público, puesta en vigencia el 6 de octubre de 2010, niega a los denominados servidores públicos los derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga
Retención ilegal de cuotas sindicales: El proceso de cambio de régimen laboral de la mayoría de trabajadores de las empresas públicas por medio de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, ha tenido como consecuencia el desconocimiento de las organizaciones sindicales existentes, con la consecuente injerencia gubernamental y retención de las cuotas sindicales por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, aduciendo vacío legal para ser entregadas directamente a las organizaciones sindicales respectivas
Ampliación intempestiva de la jornada de trabajo. El gobierno de Correa eliminó el derecho adquirido de los profesionales de la salud a jornada especial reducida (4 horas para médicos y 6 horas para enfermeras) desconociendo los convenios internacionales como es el Convenio de San Salvador y los regímenes de insalubridad o desgaste profesional para trabajadores de la salud, situación que atenta contra la salud de los trabajadores de la salud.
Criminalización y penalización de la lucha sindical: pese a que Ecuador ratifica los convenios internacionales 87 y 98 de la OIT que garantizan la Libertad Sindical, toda acción sindical llevada a cabo por los trabajadores de la salud (ahora denominados servidores públicos) es encuadrada como un delito de sabotaje y penada con suspensiones, multas y despidos
Hacemos un llamado al Gobierno del Ecuador a detener este proceso masivo de despidos, ataque a la libertad sindical y desestructuración de los servicios públicos de salud y solicitar la reincorporación inmediata de los trabajadores y trabajadoras despedidos. A su vez, invitar al inicio de un proceso de diálogo social con las organizaciones sindicales y gremiales del sector con acompañamiento internacional de la OIT, que logre dar salidas concertadas a la reforma política en favor del fortalecimiento de los Servicios Públicos y el derecho de la comunidad ecuatoriana a contar con servicios públicos de calidad.
