Declaración sobre el proyecto de reforma laboral y la AGNET

​07 de Mayo de 2018​

10 DE MAYO – JORNADA DE LUCHA NACIONAL

NO A LA REFORMA LABORAL QUE RECORTA DERECHOS

NO A LA CUS

APOYO A LAS LUCHAS  REGIONALES

Hace algunos días, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso los proyectos para flexibilizar las condiciones de trabajo. El Senado tiene previsto abrir en Comisión en los próximos días el debate de las iniciativas relacionadas con la regularización de trabajadores no registrados, los cambios en el sistema indemnizatorio, la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de la Salud y el sistema de prácticas formativas de los estudiantes. Lo hace después de la derrota parcial sufrida a manos de la movilización popular que comenzara el 29 de noviembre y el 6 de diciembre y que culminara el 18/12/2017.

La administración macrista intentará aprobarla por partes luego de su paso por la Comisión de Trabajo.

El equipo jurídico de nuestra CTA-A plantea que con las indemnizaciones lo que se intenta es el abaratamiento del costo laboral por intermedio del cambio de la base de cálculo. Es una manera solapada que impide un debate transparente. A su vez, el fondo de cese laboral resulta inconstitucional. No es posible que un fondo compuesto por medio de un Convenio Colectivo pueda suplantar una ley de orden público.

El proyecto se acompaña de la “Reforma Laboral invisible”, que consiste en la violación sistemática de la libertad sindical: la demora y obstaculización de trámites regulares (certificación de autoridades, estatutos, personería e inscripciones), la impugnación de elecciones fuera de plazo y la intervención de sindicatos.

Parte de esa reforma invisible son los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), una herramienta para abaratar costos laborales. Es un permiso para despedir y rebajar los costos de las indemnizaciones. Permite despedir, suspender o modificar condiciones de trabajo en forma unilateral.

Los proyectos del Macrismo  

El proyecto de blanqueo de empleados en negro busca eximir a los empleadores de tener que pagar multas por haber violado la legislación laboral vigente y quitarlos del registro que los hacía pasibles de sanciones si se avienen a regularizarlos, supuesto para el que tendrán un año a partir de la reglamentación de la norma; cabe destacar que en el caso de los trabajadores sólo podrán computar 60 meses de antigüedad retroactiva de aportes mensuales equivalentes al valor del salario mínimo vital y móvil. En otras palabras, las patronales podrán seguir explotando a sus trabajadores en negro (y se ahorrarán las cargas sociales que por ley deben tributar) mientras se trate, se modifique, vuelva a tratarse, vuelva a cambiarse y vaya y vuelva de una Cámara a otra, se sancione y hasta 360 días más a partir de su reglamentación.

Como si esto fuera poco, la iniciativa limpia la deuda de los empresarios puesto que prevé la condonación de la deuda por capital e intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los Subsistemas de la Seguridad Social.

El eufemístico “Sistema de Prácticas Formativas” incluido en el segundo proyecto, está orientado a regular el desempeño de “estudiantes y nóveles graduados de la Educación Superior, y los estudiantes de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, en todos los casos mayores de 18 años, a cumplirse en Empresas o Instituciones públicas o privadas, con excepción de las empresas de servicios eventuales aun cuando adopten la forma de cooperativas”.

Si bien se establece que la carga horaria y la duración de esas pasantías se regirán por las convenciones colectivas de cada actividad, regirá un convenio de Práctica Formativa que habilita al empleador a servirse del aspirante pagándole en negro hasta por un máximo de 12 meses y con una carga horaria de hasta 30 horas semanales. Dicha remuneración que se denominará “Asignación Estímulo” se calculará tomando como referencia el salario básico neto del convenio colectivo aplicable a la empresa, y será proporcional a la carga horaria de la práctica formativa”.

En otras palabras, al ser este “estímulo” no remunerativo, por más que el “practicante” cumpla con la totalidad del horario (seis horas durante ciento días a la semana, como sucede en Prensa, por ejemplo), la empleadora no le pagará cargas, adicionales ni beneficio extra que prevean los convenios de cada actividad.

El avance de la CUS

El último de los proyectos de ley crea la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET) como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, con autarquía económica, financiera, y personería jurídica propia.

Respecto a su incumbencia, sostiene que competerá a la AGNET la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio.

La AGNET tiene varios objetivos: al reducir el costo de la prestación de salud en las obras sociales sindicales y prepagas se convierte en moneda de cambio para la dirigencia de la CGT, premiando su apoyo a la flexibilización laboral. Se busca hacer ahorros cercenando el acceso a tecnología y tratamientos de alto costo. En el mismo esquema de la ley de ART se crea un organismo con poder para emitir dictámenes vinculantes, destinado a evitar el acceso a la justicia de los usuarios. Los problemas del alto gasto en medicamentos y tecnología y su impacto en el sistema de salud (consumiendo más del 2% del PBI) no se van a resolver con esta agencia. Si no se abren los costos de la industria farmacéutica, si no se regula la publicidad de la misma, incluida la prebendaria, si no se promueve seriamente la Producción Publica de Medicamentos y no se regula la incorporación de toda la tecnología (no solo la nueva) con la participación de trabajadores y usuarios la AGNET, sólo servirá para bajar en parte la litigiosidad de los pacientes y para frenar la aprobación de leyes por patología.

Pero lo más grave es que la AGNET determinará la canasta básica de prestaciones del Sector Publico, una de los aspectos esenciales de la CUS en el proyecto de reforma sanitaria. Se trata de un verdadero atentado a la universalidad, la gratuidad y la integralidad de la atención en el Sistema Público de Salud.

Es por ello que Fesprosa  reitera sus consignas

-No a la reforma laboral

-No a la CUS

y convoca  a movilizarse en rechazo al proyecto, por el apoyo a las luchas de salud y del conjunto de los trabajadores el próximo 10 de mayo.

 

 

 

 

 

 

 

 

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