Sin participación y libertad sindical, no hay prevención

Hoy 22 de junio se cumplen 30 años de la aprobación del Convenio 155 de la OIT. La CTA, en ocasión de este aniversario reitera el reclamo al Gobierno argentino para que ratifique los convenios 155 y 187, los que obligan a los estados signatarios a contar con una política nacional de salud laboral con participación de los trabajadores.

En un comunicado de prensa que firman Pablo Micheli, Jorge Yabkowski y Guillermo Díaz, secretario General, de Salud Laboral y de Medio Ambiente y Condiciones de Trabajo de la Central de Trabajadores de la Argentina respectivamente, se afirma textualmente:

“La CTA sostiene que, en materia de salud laboral, es necesario discutir un nuevo sistema que contemple primordialmente la prevención, con la defensa de la integridad psicofísica de los trabajadores como eje y no en la ganancia empresaria; eliminando la figura de las ART, o cualquier forma o nombre que pudieran adoptar en el futuro, manteniéndose en el orden del derecho privado. Una política en este sentido, debe contemplar en primer lugar una eficaz política preventiva, que permita eliminar el riesgo en su origen y que no depositen en el trabajador la responsabilidad bajo el eufemismo de “hábitos de trabajo seguros”.

Y esto no es posible sin la participación de los trabajadores en Comités Mixtos y la instauración de la figura del Delegado de Prevención. Para ello, es necesaria la democratización de las organizaciones de trabajadores mediante la vigencia plena de la libertad sindical y la protección mediante fueros de los trabajadores electos para estas funciones; favoreciendo así que la lucha por la salud y por las condiciones y medio ambiente de trabajo, sean parte integral e inescindible de la estrategia de las organizaciones sindicales.

Entre otras importantes consideraciones el Convenio 155 plantea que los trabajadores deben .. “estar protegidos contra el despido y otras medidas perjudiciales cuando cumplan sus funciones en la esfera de la seguridad e higiene del trabajo como representantes de los trabajadores o miembros de los comités de seguridad e higiene”…

En nuestro país donde solo existen delegados en el 12% de las empresas, donde está restringido el derecho a la libre elección de los mismos por la vigencia de la ley 23551, declarada inconstitucional en esta materia por la Corte Suprema, la ratificación de los convenios 155 y 187 significaría un paso adelante en materia de compromisos estatales con la libertad sindical, los que adquirirían rango constitucional sumándose al cuerpo normativo que hoy conforman los convenios 87,98 y 151”.

Las ART han fracasado

“Frente al reclamo de derogación de la Ley 24557, rémora de la década neoliberal, el gobierno continùa, con el apoyo de la CGT y la UIA, con maniobras para “cambiar algo, para que nada cambie”. Desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, se menciona a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), verdaderas protagonistas del fracaso del sistema, como actoras de un nuevo instrumento legal; es más, son las interlocutoras privilegiadas junto a la UIA y la CGT.

Asimismo, porque éstas desde la cámara empresaria que las agrupa, vienen desarrollando una falaz campaña intentando mostrar como éxitos, lo que a todas luces fue un fracaso.

La simple existencia de estas entidades de orden privado, ligadas al capital financiero y piedra angular del sistema surgido como parte del paquete de flexibilización y precariedad laboral de los años 90, presupone una inversión de los principios rectores del derecho laboral; a saber, la protección de los más débiles en la relación entre empleadores y trabajadores.

El actual sistema de riesgos de trabajo y los “parches” que se le hacen, por ser letra muerta y al sólo efecto enunciativo, las políticas de carácter preventivo y sin ninguna eficacia; muestran su verdadera cara, que es la de garantizar el lucro de la patronales.

LA CTA se pronuncia por un fortalecimiento del papel del Estado; tanto en lo que hace a la recuperación del papel de policía del trabajo; como en la articulación de una política integral y universal de salud de los trabajadores (estén o no registrados y con cualquier característica que asuma el trabajo), que garantice la inmediatez de las prestaciones que le sean requeridas con cargo a la patronal que la genere (ya sea ésta privada ó pública), garantizando los derechos establecidos por el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que tornan en responsabilidad ineludible e indelegable por parte del Estado Nacional, el garantizar todos los derechos de la Seguridad Social.

En ese marco es que sostenemos, a 30 años la sanción del Convenio 155, que el gobierno argentino debe ratificarlo de manera perentoria, de la misma manera que el 187, y debe abrirse un debate sin cortapisas ni exclusiones sobre una nueva política de salud laboral para nuestro país”, concluye la declaración de la CTA.

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